Reforma Judicial: Hacia una Suprema Corte Democratizada
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ha culminado el proyecto de dictamen para la reforma judicial, que incluye más de 100 modificaciones a la iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta reforma busca transformar profundamente el sistema judicial mexicano, democratizando la elección de sus más altos representantes y garantizando un acceso más justo y expedito a la justicia.
Uno de los cambios más significativos es la elección por voto popular de los nueve ministros que integrarán la Suprema Corte de Justicia. Este proceso se realizará en su totalidad en una elección extraordinaria prevista para el 2025. En este mismo ejercicio democrático se elegirá también a la mitad de los jueces y magistrados del país, ocupando alrededor de 800 plazas, incluidas vacantes y prejubilaciones. La otra mitad será electa en una elección ordinaria en 2027. Aquel ministro que obtenga el mayor número de votos asumirá la presidencia de la Suprema Corte.
Los coordinadores de los grupos parlamentarios de Morena, PT y PVEM, Ignacio Mier, Reginaldo Sandoval y Carlos Alberto Puente, respectivamente, junto con el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, presentaron el proyecto de dictamen y anunciaron que será publicado para su análisis durante los próximos 10 días, con la intención de votarlo en comisión dentro de dos semanas.
Ignacio Mier, coordinador de Morena, destacó que el 60% de las modificaciones provienen de aportaciones surgidas en los foros de discusión, en los que participaron 66 representantes de distintas instancias del poder judicial. Estas modificaciones abordan las preocupaciones sobre los criterios de selección de los juzgadores. El nuevo proyecto establece que los jueces, magistrados y ministros en funciones que decidan participar en el proceso de elección no estarán sujetos a evaluación, mientras que los aspirantes nuevos sí deberán someterse a una evaluación rigurosa por órganos designados por la Suprema Corte, el Senado y la Cámara de Diputados. En caso de empate, se recurrirá a un sorteo transparente, priorizando la participación de mujeres.
Juan Ramiro Robledo subrayó que el dictamen incluye mecanismos que aseguran la participación de los mejores candidatos, garantizando un poder judicial más abierto y democratizado. Además, los electos serán evaluados un año después de asumir el cargo, bajo la supervisión de un Tribunal Disciplinario que sustituirá al Consejo de la Judicatura. Este organismo tendrá la facultad de capacitar a los juzgadores y, en caso de no cumplir con las expectativas, podrá retirarlos de su puesto.
Por otro lado, Mier aseguró que la reforma no afectará los derechos adquiridos de los trabajadores del poder judicial, quienes mantendrán sus prestaciones y haberes de retiro, protegidos por fideicomisos.
Con esta reforma, se pretende que la justicia en México sea más accesible, rápida y gratuita, ofreciendo al pueblo mexicano un sistema judicial más eficiente y equitativo. El proyecto de dictamen, resultado de un proceso de diálogo y consenso, marca un paso decisivo hacia la democratización del poder judicial en el país.