Oposición presenta acción de inconstitucionalidad contra fondo de pensiones
Ciudad de México. Diputados del PAN, PRI y PRD han presentado una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la reforma que establece el nuevo fondo de pensiones. Los legisladores argumentan que esta medida implica un “saqueo” de los recursos pertenecientes a las personas mayores de 70 años.
Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, expresó su preocupación en una conferencia de prensa, subrayando la urgencia de que la SCJN resuelva la queja rápidamente para evitar que “Morena se quede con 40 mil millones de pesos de cuentas inactivas de adultos mayores de 70 años”. Según Moreira, esta medida refleja el estado crítico de las finanzas del país, evidenciado por los pre-criterios económicos de la Secretaría de Hacienda, que reportan una deuda de 2 billones de pesos y anticipan la necesidad de un billón de pesos adicional para el próximo año.
Por su parte, Jorge Romero, coordinador de los diputados del PAN, calificó la reforma como un acto de confiscación de las Afores. Romero insistió en que esta reforma privará a las personas de sus ahorros, lo cual considera ilegal. Explicó que la acción de inconstitucionalidad se fundamenta en los artículos 14 y 22 de la Constitución, que protegen a los ciudadanos contra la privación de su propiedad sin un juicio adecuado. Además, criticó que el nuevo fondo de pensiones carece de reglas claras de operación, lo que incrementa la incertidumbre y la desconfianza.
Elizabeth Pérez, diputada del PRD, anunció que su partido también actuará contra dos reformas adicionales en cuanto sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Estas reformas afectan las leyes de amnistía y del amparo. Pérez destacó la importancia de estas acciones para proteger los derechos de los ciudadanos y evitar abusos por parte del gobierno.
La controversia se centra en la interpretación y aplicación de la reforma, que según los legisladores de la oposición, no solo afecta a los adultos mayores, sino que también refleja una gestión financiera irresponsable por parte del gobierno. La preocupación principal radica en la transferencia de fondos inactivos a un fondo de pensiones administrado por el gobierno, lo cual, según los opositores, podría ser utilizado para otros fines ante la situación económica precaria.
Esta acción de inconstitucionalidad representa una medida significativa en el contexto político actual, donde las tensiones entre el gobierno y la oposición son palpables. Los diputados del PAN, PRI y PRD han unido fuerzas para defender lo que consideran los derechos de los ciudadanos ante una política que, a su juicio, vulnera la propiedad privada y carece de transparencia.
La resolución de la SCJN sobre este asunto será crucial para determinar el futuro de la reforma del fondo de pensiones y tendrá implicaciones importantes para la política fiscal y social del país. Mientras tanto, la discusión en torno a la sostenibilidad financiera y la protección de los derechos de los adultos mayores seguirá siendo un tema central en el debate político nacional.