AMLO defiende la transparencia y critica privilegios indebidos en caso de pensión a María Amparo Casar

En recientes declaraciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó el polémico amparo concedido a María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, que le permite reanudar el cobro de la pensión derivada del fallecimiento de su esposo hace dos décadas, otorgada originalmente por Pemex. Contrario a lo alegado por Casar, quien argumentó la falta de ingresos como fundamento para su petición, el mandatario mexicano destacó que ella percibe sustanciales ingresos mensuales, corrigiendo cifras previamente mencionadas: no son 250 mil, sino 270 mil pesos.

Estos ingresos no figuran en el portal de transparencia, sino que han sido confirmados por datos del Servicio de Administración Tributaria, puntualizó López Obrador. Además, el presidente reiteró su crítica hacia la organización liderada por Casar, Mexicanos contra la Corrupción, la cual ha sido señalada por recibir donaciones deducibles de impuestos y aportaciones financieras del gobierno de Estados Unidos. Esta situación ha generado controversias dado el perfil y las actividades anticorrupción del instituto.

El fallo judicial que otorga el amparo a Casar ha sido objeto de escrutinio, especialmente desde la perspectiva gubernamental, al considerar que las declaraciones de no tener ingresos son inconsistentes con la realidad financiera de la presidenta de la mencionada organización. El caso ha encendido un debate sobre la transparencia y la integridad en el manejo de las percepciones económicas de figuras públicas y líderes de organizaciones civiles en México.

El gobierno, a través de la postura del presidente, busca subrayar la importancia de la honestidad en las declaraciones de ingresos por parte de individuos que están al frente de entidades que participan activamente en la lucha contra la corrupción, enfatizando que la coherencia entre lo que se predica y lo que se practica es fundamental para la credibilidad de cualquier institución.

Este incidente no solo ilustra las tensiones existentes entre el gobierno y organizaciones no gubernamentales críticas de la administración, sino que también pone en relieve la complejidad de los procesos judiciales relacionados con derechos laborales y pensiones en contextos altamente politizados. La resolución de este caso será seguida de cerca, ya que implica a figuras prominente en el ámbito de la lucha anticorrupción en México y podría tener implicaciones significativas para la percepción de la justicia y la transparencia en el país.