Suprema Corte Exige a Veracruz Adecuar Leyes para Autonomía Municipal

Ciudad de México — En una resolución histórica, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó ayer que el Congreso de Veracruz ha incurrido en una omisión legislativa al no actualizar sus leyes conforme a la Constitución Federal, para otorgar mayor autonomía a los municipios de la entidad en la gestión y administración de sus bienes.

La decisión, propuesta por el ministro Luis María Aguilar, especifica que cualquier decisión respecto al manejo del patrimonio inmobiliario municipal debe ser tomada por acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del ayuntamiento. Esta medida busca fortalecer la autonomía municipal, garantizando una gestión más democrática y representativa de sus intereses.

Desde 1999, la Constitución ha otorgado a las legislaturas locales la facultad de definir los casos en los que los actos relacionados con el patrimonio inmobiliario de los municipios requieren de un acuerdo de mayoría calificada de los miembros del ayuntamiento. Sin embargo, la falta de actualización legislativa en Veracruz ha limitado esta autonomía, en contravención con los mandatos constitucionales que buscan empoderar a los gobiernos locales.

La SCJN subrayó que las entidades federativas están obligadas a ajustar sus normativas internas para asegurar que los municipios puedan disponer libremente de su patrimonio, respetando el espíritu de descentralización y autonomía que promueve la Constitución. La omisión del Congreso de Veracruz no solo ha impedido esta libre disposición, sino que también ha restringido la capacidad de los municipios para actuar en beneficio de sus comunidades.

Ante esta situación, el tribunal pleno ha conminado al Congreso del Estado de Veracruz a legislar durante el próximo periodo de sesiones para cumplir con lo dispuesto en la Constitución. Esta acción es necesaria para corregir la omisión legislativa y alinear las leyes estatales con los principios de autonomía municipal establecidos a nivel nacional.

Este fallo de la SCJN representa un paso importante hacia el fortalecimiento de la autonomía municipal en México, asegurando que los gobiernos locales tengan la capacidad jurídica necesaria para gestionar sus recursos de manera efectiva y transparente.