TEPJF Refuerza Compromiso con la Legalidad Electoral y Lanza Defensoría para Mujeres
CIUDAD DE MÉXICO — A solo un mes de las próximas elecciones, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reitera su firme compromiso en mantener la legalidad y la justicia durante el proceso electoral. La magistrada presidenta, Mónica Aralí Soto Fregoso, enfatizó que el Tribunal “siempre pondrá un alto” a cualquier servidor público o actor político que infrinja la ley electoral.
Esta declaración surge en el contexto de las 29 medidas cautelares impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE) al presidente Andrés Manuel López Obrador, por involucrarse en asuntos electorales durante el periodo de veda. La magistrada Soto Fregoso aseguró que el TEPJF actúa conforme a la ley en cada caso presentado, enfocándose en mantener el orden y la equidad en el proceso electoral.
A pesar de que la Sala Superior del Tribunal no cuenta con la totalidad de sus magistrados, operando con solo 5 de los 7 puestos llenos, la magistrada presidenta destacó la fortaleza y el compromiso del Tribunal. “Llegamos un tribunal fuerte, comprometidos y sólidos”, afirmó, asegurando que cumplirán con todas sus responsabilidades en tiempo y forma.
En un ambiente anticipatorio hacia la jornada electoral, la magistrada expresó su confianza en que será un día de celebración democrática, destacando la importancia de la participación ciudadana en los centros de votación.
En un esfuerzo por fortalecer la justicia electoral y apoyar a las mujeres, el TEPJF inauguró la Defensoría Electoral para Mujeres Especializada en la Atención de Asuntos de Paridad y Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género. Este año, el Tribunal ha atendido 300 casos relacionados con violencia política de género, resaltando la necesidad de esta defensoría que brindará certeza y apoyo legal a las mujeres afectadas.
La magistrada Soto recordó que este año se celebra una década desde la implementación de la paridad de género en México, un cambio que ha permitido visibilizar y desafiar las barreras sistémicas que previamente impedían a las mujeres acceder a cargos públicos significativos. Con una perspectiva de género interseccional, el Tribunal espera enfrentar menos casos de discriminación y asegurar que ninguna barrera obstaculice a las mujeres en la defensa de sus derechos políticos.