México Responde a la Ley Antimigrante de Oklahoma
Ciudad de México — Alicia Bárcena, Secretaria de Relaciones Exteriores de México, manifestó un firme rechazo a la Ley HB4156, aprobada recientemente por el estado de Oklahoma, la cual ha sido calificada por la funcionaria como una medida antimigrante. Esta ley, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, ha suscitado preocupación a nivel nacional e internacional por sus posibles implicaciones en los derechos de los migrantes.
A través de su cuenta en X (anteriormente conocida como Twitter), Bárcena destacó la creación de un grupo de trabajo por parte del gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, que incluye a la cónsul de México en ese estado, Edurne Pineda. Este equipo tiene como objetivo actuar en defensa y protección de la comunidad mexicana residente en Oklahoma. Bárcena expresó su apoyo a los mexicanos en el extranjero con un mensaje alentador: “¡No están solos!”
La ley HB4156 introduce el delito de “ocupación inadmisible” que se configura cuando una persona entra a Estados Unidos sin permiso y se establece en Oklahoma sin la autorización migratoria adecuada. Adicionalmente, permite que la Oficina Estatal de Investigaciones de Oklahoma recopile y conserve datos de individuos detenidos, cruzando esta información con bases de datos estatales y federales. También prohíbe explícitamente la declaración de cualquier ciudad dentro del estado como “ciudad santuario”, limitando la autonomía local en el manejo de asuntos migratorios.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha expresado su preocupación sobre los efectos restrictivos de esta legislación y ha asegurado que a través de su representación consular en Oklahoma City se mantendrá vigilante del desarrollo y aplicación de la ley. Además, seguirá de cerca las actividades del Grupo de Trabajo de Permisos de Trabajo Estatal y Visas anunciado por Stitt, el cual pretende fortalecer la fuerza laboral y crear oportunidades de empleo, aspectos que podrían mitigar algunos impactos negativos de la ley.
Esta situación resalta el compromiso del gobierno mexicano de proteger a sus ciudadanos en el exterior, enfrentando legislaciones que puedan afectar a la diáspora mexicana y buscando constantemente vías de diálogo y cooperación para asegurar el respeto a los derechos humanos de todos los migrantes.