Liberación de “Don Rodo”: Controversia Judicial y Preocupación por la Seguridad Nacional
En una reciente y controvertida decisión, el juez federal Rogelio León Díaz Villarreal ordenó la liberación de Abraham Oseguera Cervantes, alias “Don Rodo”, presunto miembro clave del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta resolución ha generado un amplio debate y preocupación tanto en México como a nivel internacional, debido a las circunstancias y las implicaciones de seguridad que conlleva.
La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, expresó su preocupación en la conferencia matutina presidencial, señalando que el juez desestimó las pruebas contundentes aportadas por la fiscalía, optando en su lugar por validar videos presuntamente manipulados y editados presentados por la defensa. La funcionaria destacó la tardanza en la liberación de Oseguera, argumentando que era esencial para copiar toda la información relevante y proteger la dignidad del Estado mexicano, a pesar de las multas impuestas por la demora.
El caso ha escalado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ha respondido justificando el actuar del juez, mientras que las autoridades de Estados Unidos no confirmaron ninguna investigación o acusación pendiente contra Oseguera. Este aspecto es crucial, ya que fortalece la posición de México en la cooperación binacional contra el tráfico de drogas y armas.
Oseguera fue inicialmente detenido en posesión de armas de alto calibre y narcóticos, incluyendo más de 2 mil pastillas de fentanilo y cocaína. Sin embargo, el juez consideró inverosímil que una persona de su edad y condición física estuviera involucrada activamente en actividades criminales a tales niveles, citando la falta de evidencia contundente en los videos aportados por la defensa.
Este incidente ha revivido el temor a un posible deterioro de la credibilidad de las instituciones judiciales en México, recordando casos anteriores como la liberación y posterior fuga de Rafael Caro Quintero en 2013. La preocupación de Rodríguez y otros funcionarios se centra en las consecuencias que este tipo de decisiones puede tener para la lucha contra el crimen organizado y la seguridad nacional.
La Fiscalía General de la República ha anunciado que apelará la decisión, en un esfuerzo por revisar el proceso y asegurar que se tomen en cuenta todas las pruebas y se protejan los intereses de justicia y seguridad del Estado mexicano. Este caso sigue siendo un punto de alta relevancia para el gobierno de México, que busca mantener el orden y la ley frente a los desafíos impuestos por el crimen organizado y sus implicaciones en la seguridad pública.