Gobierno Capitalino Refuerza Medidas Contra la Violencia de Género Tras Denuncias de Filtraciones
En un reciente comunicado, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos y de víctimas de violencia de género, como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, IDHEAS, y Justicia Pro Persona, han levantado la voz contra la filtración de información delicada en casos de feminicidios y desapariciones forzadas en la Ciudad de México. Estas prácticas no solo violan los derechos humanos de las víctimas y sus familias, sino que además comprometen la integridad de las investigaciones en curso.
Recientemente, la controversia surgió tras la difusión indebida de datos en el caso de un feminicidio de una adolescente en la alcaldía Iztacalco, donde también se agredió a su madre. A pesar de que la Fiscalía ha logrado vincular al perpetrador con otros crímenes a través de evidencias halladas en su domicilio, la filtración de imágenes y detalles del proceso ha provocado indignación y llamados a la acción.
En respuesta, las organizaciones afectadas exigen a las autoridades judiciales y de seguridad de la capital la implementación de la Ley Ingrid, que procura evitar la divulgación de información en procesos de investigación activos, para así proteger el debido proceso y la dignidad de las víctimas.
El Gobierno de la Ciudad de México, consciente de la gravedad de esta situación, ha tomado cartas en el asunto ampliando las medidas incluidas en la Alerta de Violencia de Género, con el fin de atender y prevenir eficazmente los feminicidios, las desapariciones y otros delitos contra mujeres. A pesar de los avances, la cantidad de mujeres desaparecidas en la ciudad, que asciende a 6,840 según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, sigue siendo una cifra alarmante que requiere de esfuerzos redoblados y de una acción inmediata y efectiva.
Las autoridades capitalinas, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia y el Poder Judicial de la Ciudad de México, están revisando los protocolos de manejo de información sensible y han prometido endurecer las sanciones para aquellos que violen estas normativas. Se ha hecho un llamado a los titulares de las dependencias involucradas para investigar cualquier acto de negligencia o mala praxis por parte de los funcionarios públicos.
En un compromiso continuo con el respeto a los derechos humanos, el gobierno capitalino asegura que mantendrá una vigilancia estrecha y promoverá reformas que aseguren un sistema de justicia más justo, diligente y con una perspectiva de género bien definida. Este enfoque no solo busca castigar a los culpables y ofrecer justicia a las víctimas, sino también cambiar la narrativa social que, muchas veces, minimiza la gravedad de estos actos violentos y perpetúa un ciclo de impunidad y violencia.