Elecciones en Contexto de Desafíos Financieros: El Endeudamiento en los Estados
En vísperas de las elecciones de gobernador en nueve entidades federativas de México, previstas para el próximo 2 de junio, surge un panorama económico que destaca por el manejo de la deuda en estas regiones, las cuales concentran aproximadamente un tercio del endeudamiento total de estados y municipios del país. Según los datos más recientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y la Ciudad de México enfrentan el reto de administrar una deuda conjunta de 229 mil 882.5 millones de pesos.
Ricardo Gallegos, director general adjunto de Análisis Económico en HR Ratings, señaló en entrevista que, gracias a la Ley de Disciplina Financiera implementada desde 2015, el endeudamiento local ha visto una tendencia a la reducción. Este marco legal, junto con una gestión prudente durante la pandemia y un incremento en los ingresos de libre disposición, ha permitido a los gobiernos estatales mantener controladas sus finanzas.
A pesar de que ninguno de los estados en cuestión se encuentra en alerta por sus niveles de deuda, la preocupación reside en el alto costo financiero que esta representa. Además, la mayoría de las grandes obras de infraestructura financiadas con el presupuesto federal han limitado la deuda local, pero también han reducido la inversión productiva a nivel estatal, lo cual plantea un dilema para las futuras administraciones.
La situación varía significativamente entre las entidades. Por ejemplo, mientras Chiapas, Puebla y Tabasco han logrado reducir su deuda en términos nominales, Guanajuato, Jalisco y Yucatán han experimentado aumentos considerables, tanto en términos nominales como reales, ajustando por una inflación acumulada del 28.5% en los últimos cinco años.
Un caso particular es el de Yucatán, donde, a pesar de haber incrementado su deuda de manera significativa, se mantuvo como el único estado con financiamiento de corto plazo vigente a finales de 2023, destinado a cubrir insuficiencias temporales de liquidez.
Este contexto financiero cobra relevancia en el marco de las próximas elecciones estatales, donde las políticas de manejo de deuda y sostenibilidad fiscal serán aspectos cruciales para las administraciones venideras. La capacidad de los nuevos gobernantes para balancear la necesidad de inversión productiva con el manejo prudente de las finanzas estatales será determinante en el desarrollo y bienestar de sus entidades en los próximos años.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por su parte, continúa monitoreando la sostenibilidad de la deuda estatal, manteniendo un ojo crítico sobre Veracruz, donde el servicio de la deuda absorbe un 8.9% de los recursos de libre disposición, aunque la situación global se mantiene en un saldo positivo.
En este complejo escenario financiero, los ciudadanos de las nueve entidades federativas acudirán a las urnas con la esperanza de elegir liderazgos capaces de navegar con éxito los desafíos económicos, garantizando así un futuro próspero y sostenible para sus comunidades.