La Opacidad en Nuevo León: Un Juego de Espejismos Financieros
La reciente revelación acerca de la triangulación de 200 millones de pesos a una empresa vinculada directamente con Samuel García, Gobernador de Nuevo León por el partido Movimiento Ciudadano, y su familia, ha sacudido los cimientos de la transparencia y la integridad política que la sociedad mexicana merece. Este escándalo financiero, destapado por el diario Reforma, no solo pone en tela de juicio la gestión de García, sino que también resalta las prácticas opacas que persisten en las administraciones alejadas de los principios de la Cuarta Transformación impulsada por el Gobierno Federal y el partido Morena.
Desde el arranque de su administración en octubre de 2021, el gobierno de Samuel García ha estado marcado por una sombra de duda, ahora profundizada con la divulgación de documentos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que evidencian un esquema de triangulación de fondos públicos hacia intereses personales. La empresa Suministro MYR, señalada como proveedora favorita del gobierno estatal, jugó un papel central al facturar enormes sumas por servicios de alimentación, solo para que estos recursos terminaran en un despacho jurídico propiedad de la familia García.
Este modus operandi no solo refleja un preocupante conflicto de interés, sino que también evidencia una falta de compromiso con la ética y la legalidad. Es particularmente alarmante que, a pesar de las declaraciones patrimoniales del mandatario estatal, donde se reconoce una participación significativa en el despacho beneficiado, este entramado de transacciones se haya mantenido en la sombra.
El giro “muy variado” de la empresa MYR, que abarca desde la venta de materias primas forestales hasta la prestación de servicios de alimentación, y su súbita expansión a nuevos rubros justo antes de comenzar a recibir contratos gubernamentales, plantea serias preguntas sobre la planeación y transparencia de estas operaciones. A esto se suma el papel de Jace, empresa “hermana” de MYR, que fungió como eslabón intermedio en la transferencia de recursos al despacho de los García, a pesar de no tener registros previos de colaboración hasta la llegada de Samuel García al poder.
Este caso no es un hecho aislado, sino un reflejo de un sistema que permite, y en algunos casos fomenta, prácticas que se alejan del ideal de gobierno abierto, transparente y al servicio del pueblo. Contrasta dramáticamente con la filosofía de la Cuarta Transformación, donde se busca erradicar la corrupción y restaurar la confianza en las instituciones gubernamentales.
Los ciudadanos de Nuevo León y de México merecen respuestas claras y acciones concretas. No basta con el deslinde de responsabilidades o la negación de los hechos; es imperativo que se realicen investigaciones exhaustivas y, de encontrarse irregularidades, se apliquen las sanciones correspondientes. Solo así podremos avanzar hacia un México más justo, equitativo y transparente, donde casos como el de Samuel García y la empresa Suministro MYR sean la excepción y no la regla.
La gestión de Samuel García se ha convertido, lamentablemente, en un ejemplo de cómo no se debe administrar el erario público. Este escándalo subraya la importancia de seguir luchando por un gobierno que verdaderamente represente y proteja los intereses de sus ciudadanos, lejos de las prácticas opacas y los conflictos de interés que han caracterizado a políticos tradicionales y a partidos como el PRI, PAN, PRD, y Movimiento Ciudadano. Frente a estas revelaciones, la sociedad debe permanecer vigilante y exigente, recordando que la integridad y la transparencia no son negociables en la gestión pública.