México contra fabricantes de armas de EE.UU.: Una batalla legal por la responsabilidad
En un giro significativo dentro de la esfera judicial, fabricantes de armas estadounidenses, liderados por Smith & Wesson Brands, han anunciado su intención de solicitar a la Corte Suprema de los Estados Unidos que revise su caso en un intento por eludir una demanda interpuesta por el gobierno de México, que asciende a la astronómica cifra de 10 mil millones de dólares. Esta demanda acusa a las empresas de facilitar el tráfico de armas hacia los cárteles de la droga, exacerbando la violencia y la inseguridad en territorio mexicano.
La controversia se destapó tras una audiencia judicial virtual, donde un abogado de Smith & Wesson reveló la estrategia después de que la Corte de Apelaciones del Primer Circuito en Boston revocara una decisión previa que desestimaba la demanda. El gobierno de México sostiene que estas empresas han socavado las estrictas leyes mexicanas sobre armas al diseñar, comercializar y distribuir armas de asalto de estilo militar de maneras que presuntamente favorecen a los cárteles de la droga, facilitando así asesinatos, extorsiones y secuestros.
Según México, más de 500 mil armas se trafican anualmente desde Estados Unidos hacia México, y más del 68% de estas son fabricadas por las ocho empresas nombradas en el caso, incluyendo gigantes de la industria como Sturm, Ruger & Co., Beretta USA, Barrett Firearms Manufacturing, Colt’s Manufacturing Co, y Glock Inc. Esta situación, afirma México, no solo ha contribuido a un alarmante aumento en las tasas de muerte por armas de fuego, sino que también ha minado la inversión y la actividad económica, forzando al país a incrementar el gasto en seguridad pública.
La defensa de Smith & Wesson, articulada por el abogado Andrew Lelling, argumenta que existe una “posibilidad razonablemente buena” de que la Corte Suprema acepte escuchar su apelación, basándose en la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés). Esta ley ofrece una protección extensa a los fabricantes de armas contra demandas por el uso indebido de sus productos, un punto focal en la apelación de las empresas.
La decisión de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, que permite que el caso de México avance al considerar que “alega plausiblemente un tipo de reclamo que está legalmente exento de la prohibición general de la PLCAA”, marca un precedente importante en la interpretación de esta ley en el contexto de demandas internacionales.
El juez Dennis Saylor, ante quien se presentó la solicitud de suspender el caso mientras se espera la decisión de la Corte Suprema, expresó sus reservas sobre detener completamente el proceso judicial, prometiendo una resolución sobre este asunto el 12 de marzo.
Este enfrentamiento legal no es solo un duelo en los tribunales; es un reflejo de las complejas dinámicas que involucran la regulación del comercio de armas, la soberanía nacional y los esfuerzos internacionales para combatir el tráfico ilícito y la violencia. El desenlace de esta batalla legal podría sentar un precedente significativo en cómo se manejan las responsabilidades de los fabricantes de armas en el contexto global, especialmente en lo que respecta a su impacto en la seguridad y estabilidad de naciones fuera de Estados Unidos.