Gobierno Federal Impugnará Decisión de la SCJN para Rescatar la Industria Eléctrica Nacional
En un movimiento audaz y decisivo, el Gobierno de México, liderado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado su determinación de impugnar la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que anuló aspectos significativos de la Ley de la Industria Eléctrica. Esta decisión de la segunda sala de la SCJN, según el mandatario, se basa en “evidentes violaciones al procedimiento de votación”, particularmente en el uso del voto de calidad por parte del presidente de la sala, Alberto Pérez Dayán, lo cual ha sido objeto de críticas por parte del ejecutivo.
Durante su conferencia matutina, López Obrador expresó su descontento con la resolución de los ministros, acusándolos de favorecer los intereses empresariales sobre las prioridades públicas. Con una postura firme, el presidente anunció la inclusión de una modificación constitucional en el paquete de reformas que presentará, con el objetivo de restaurar el marco legal de la industria eléctrica al estado en que se encontraba antes de la reforma energética implementada en administraciones pasadas.
Este ambicioso plan de acción busca reafirmar el papel central de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el mercado energético del país, frente a lo que el Gobierno considera una tendencia neoliberal que reduciría significativamente su participación. López Obrador subrayó la importancia de defender el interés público y la economía popular frente a lo que describió como ambiciones desmedidas de empresas extranjeras y sectores judiciales que, según él, actúan en complicidad contra los intereses nacionales.
La controversia surgió cuando la SCJN, con el voto de calidad de Pérez Dayán, revocó la ley eléctrica propuesta por el actual gobierno, que buscaba otorgar mayor relevancia a la CFE en la generación de energía eléctrica. El Presidente López Obrador y el director de la CFE, Manuel Bartlett, argumentan que la actuación de Pérez Dayán violó la Ley Orgánica del Poder Judicial, al no seguir el procedimiento establecido para casos de empate en la votación.
La respuesta del gobierno no solo se centra en la impugnación de esta decisión, sino también en una crítica abierta a lo que consideran una serie de confabulaciones y violaciones a los procedimientos jurídicos establecidos, poniendo en evidencia la necesidad de una reforma profunda que asegure la prevalencia del interés público sobre los particulares y extranjeros.
Con esta impugnación, el Gobierno de México busca no solo revertir una decisión judicial controvertida, sino también sentar un precedente en la defensa de la soberanía energética y la protección de los recursos nacionales frente a intereses foráneos. Este esfuerzo refleja la determinación del ejecutivo de luchar contra corrientes neoliberales y asegurar que la CFE mantenga un papel dominante en el mercado eléctrico, garantizando así el acceso a energía asequible y de calidad para todos los mexicanos.