Repunte Histórico en la Detección de Empresas Factureras
En un giro decisivo en la lucha contra la evasión fiscal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México ha reportado un incremento sin precedentes del 553% en la detección de empresas y personas involucradas en operaciones fiscales simuladas durante el último año. Esta cifra representa un hito en la eficacia de las políticas fiscales del gobierno, subrayando su compromiso implacable con la justicia fiscal y la integridad económica del país.
El notable incremento se ha producido en un contexto en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eliminó la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales, incluyendo la emisión de facturas falsas y la defraudación fiscal. En 2022, el SAT notificó solo a 15 contribuyentes por inconsistencias en sus comprobantes fiscales, mientras que en 2023, hasta noviembre, esta cifra ascendió dramáticamente a 98. De estos casos, 12 ya se han catalogado como definitivos, mientras que en los 86 restantes aún se mantiene la presunción de operaciones simuladas, dejando abierta la posibilidad de defensa.
Es relevante destacar que, entre 2018 y 2022, se observó una disminución significativa en el número de empresas y personas listadas por el SAT por presuntas operaciones inexistentes. Esta tendencia se acentuó entre 2020 y 2021, coincidiendo con las disposiciones que imponían penas de cárcel para los delitos fiscales. Sin embargo, el repunte actual sugiere una adaptación y fortalecimiento en las estrategias del SAT para combatir este tipo de fraudes fiscales.
La decisión de la SCJN de noviembre de 2022, aunque eliminó la prisión preventiva para presuntos factureros, no ha mermado el compromiso del gobierno en su lucha contra la evasión fiscal. Al contrario, parece haber recalibrado el enfoque hacia una detección y acción más efectivas. Las autoridades fiscales y hacendarias consideran que la medida anterior servía principalmente como inhibidor para pequeños y medianos contribuyentes, mientras que los efectos penales estaban enfocados en la delincuencia organizada y de cuello blanco.
La Fiscalía General de la República (FGR) reportó que, bajo las anteriores disposiciones, solo 12 personas fueron sujetas a prisión preventiva oficiosa por delitos fiscales, representando menos del uno por ciento de los mil 714 presuntos factureros listados por el SAT entre 2020 y 2022. Actualmente, hay 12 mil 768 registros de contribuyentes listados por el SAT, de los cuales 10 mil 798 han sido catalogados como definitivos. Este es un claro indicativo de la eficacia y rigurosidad con la que el SAT está abordando estas prácticas ilegales.
La administración actual ha demostrado un firme compromiso en la lucha contra la evasión fiscal y la corrupción. Estos esfuerzos no solo refuerzan la integridad fiscal del país, sino que también aseguran una distribución más justa de la carga tributaria, beneficiando así a toda la sociedad mexicana. Con estas medidas, el gobierno reafirma su determinación en la construcción de un sistema tributario más justo y transparente, esencial para el desarrollo sostenible y equitativo de México.