Avance Energético: Ocupación Temporal de Planta de Hidrógeno en Refinería Tula
En un movimiento estratégico por parte del Gobierno de México, liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha decretado la ocupación temporal e inmediata de la planta de hidrógeno U-340, operada por Air Liquide, dentro de la refinería de Tula, Hidalgo, propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex). Este paso crucial, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), es una demostración del compromiso del gobierno para fortalecer la industria energética nacional y asegurar la autonomía en el suministro de recursos vitales.
La Secretaría de Energía (Sener) ha tomado las riendas en esta operación, marcando un hito en la historia de la gestión energética en México. La planta, considerada de utilidad pública, es ahora responsabilidad de Pemex Transformación Industrial (Pemex TRI), una subsidiaria de la petrolera estatal. El decreto indica que Pemex TRI asumirá el manejo operativo de la planta, garantizando así que la producción y suministro de hidrógeno continúen sin interrupciones, respaldando las operaciones de refinación críticas para el país.
El gobierno, en su rol de protector del interés público, ha enfatizado que esta decisión se alinea con el derecho de la nación de imponer condiciones a la propiedad privada para fomentar el desarrollo económico y proteger los derechos de los ciudadanos. La medida busca mejorar los márgenes de refinación de Pemex TRI y, en última instancia, reforzar la soberanía energética de México. Esta acción responde a la necesidad de contar con un suministro de hidrógeno más asequible, eliminando los costos adicionales asociados con el acuerdo previo con Air Liquide.
La planta, que había estado bajo el control de la empresa francesa desde 2017, fue originalmente una asociación con el objetivo de suministrar hidrógeno a Pemex por 20 años, reduciendo así los costos operativos. Sin embargo, el Gobierno actual ha identificado la importancia de reevaluar estos acuerdos para asegurar que se alineen con las prioridades nacionales y los intereses económicos del país.
Respecto a las compensaciones, el decreto establece que Pemex TRI cubrirá el monto de la indemnización determinado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. Además, se ha dado un plazo de 10 días hábiles a Air Liquide para iniciar procedimientos judiciales en caso de disputa sobre el monto de indemnización.
La decisión ha suscitado diversas reacciones. Gabriela Siller Pagaza, directora de análisis económico en Grupo Financiero Base, expresó su preocupación en redes sociales, señalando que cualquier forma de expropiación inmediata puede tener implicaciones negativas.
No obstante, este paso por parte del gobierno representa un avance significativo hacia una mayor autonomía y eficiencia en el sector energético del país, reflejando el compromiso continuo de la administración de López Obrador con la soberanía energética y el progreso económico de México.