Revuelo Judicial: Se Niega Orden de Captura Contra Ex Secretario de Seguridad Ciudadana por Presunto Desvío de 2,500 Millones de Pesos
Un juez de control ha rechazado la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) de emitir una orden de aprehensión contra el ex Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez, y otras 12 personas en relación con un presunto desvío de más de 2,500 millones de pesos de la entonces Policía Federal. Este caso ha generado una gran controversia en el ámbito judicial y político, ya que la orden de captura había sido emitida previamente en agosto de 2020.
El juez de control, en cumplimiento de una sentencia de amparo, notificó al titular del Juzgado Quinto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Alfonso Alexander López Moreno, sobre la audiencia que se llevó a cabo el pasado 22 de septiembre. En esta audiencia, se resolvió anular la orden de captura inicialmente dictada el 7 de agosto de 2020 en el marco de la causa penal 239/2020. Además, se emitió una nueva resolución en la que, de manera fundamentada y motivada, se analizaron las razones presentadas por el Ministerio Público para solicitar la orden de aprehensión, concluyendo en la negación de la misma.
Este giro en el caso se produjo después de que el Segundo Tribunal Colegiado Penal del Estado de México confirmara el amparo concedido a los exservidores públicos. Los magistrados Julio César Gutiérrez Guadarrama, José Nieves Luna Castro y Ricardo Garduño Pasten sostuvieron que los mandamientos de captura eran inconstitucionales, ya que se habían emitido sin que se hubiera realizado una auditoría previa y porque no se habían llevado a cabo en una audiencia privada y oral, como lo establece el nuevo sistema penal acusatorio.
El fallo del juez de amparo otorgó protección judicial a Jesús Orta Martínez, ex secretario general de la extinta Policía Federal, así como a Jorge Carlos Ruiz Alavez, Verónica Tlahuitzo Pérez, María Eldy Sosa Calderón, Everardo Guzmán Linares, Carlos Hipólito Rivera Codina, Leonel Ignacio Orozco Padilla, Javier Cruz Rosas, Carmen Patricia Quiñonez Piña, Federico Emilio Metzger Sánchez Armas, José Manuel Correa Flores, Osvaldo Martínez Hernández e Israel Luna Espinosa.
Cheques a su favor
La controversia en torno a este caso se originó en agosto de 2020, cuando el Ministerio Público federal emitió órdenes de captura contra varios exservidores públicos, entre los que destacan los ex secretarios generales de la Policía Federal, Frida Martínez Zamora y Jesús Orta Martínez. Ambos tenían a su cargo la administración de bienes, la autorización y organización de licitaciones, la adjudicación de contratos de bienes y servicios, así como el manejo de recursos financieros y humanos.
Las investigaciones realizadas por la FGR y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a solicitud de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), revelaron que los desvíos de recursos se produjeron en la partida destinada a gastos en seguridad pública y nacional. Además, se presume que Martínez Zamora y Orta Martínez se otorgaron cheques nominativos por sumas millonarias a su favor. También se les acusa de haber impulsado y autorizado la compra de bienes y servicios con notorios sobreprecios.
Estos presuntos actos de corrupción y desvío de recursos habrían tenido lugar durante el periodo comprendido entre 2012 y 2018, por un monto que supera los 2 mil millones de pesos. La gravedad de las acusaciones ha mantenido este caso en el centro de la atención pública y política del país.
Reacciones ante la negación de la orden de captura
La negación de la orden de captura por parte del juez de control ha desatado una serie de reacciones encontradas en el ámbito político y judicial. Por un lado, simpatizantes del ex secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez, y de los demás involucrados en el caso, celebraron la decisión judicial como un acto de justicia y un reconocimiento de la falta de fundamentación en las acusaciones en su contra.
Por otro lado, críticos y opositores al gobierno actual han cuestionado la decisión del juez, argumentando que podría dar la impresión de impunidad y debilitar la lucha contra la corrupción en el país. Algunos sectores de la sociedad han expresado su preocupación por la independencia del Poder Judicial y la influencia política en las decisiones judiciales.
El presidente de México, en una conferencia de prensa realizada después de conocerse la noticia, destacó la importancia de respetar las decisiones judiciales y el estado de derecho. López Obrador afirmó que su gobierno está comprometido con la lucha contra la corrupción y la impunidad, pero también subrayó la necesidad de garantizar el debido proceso y el respeto a los derechos humanos de todas las personas involucradas en procesos judiciales.
En tanto, la FGR ha anunciado que revisará detenidamente la resolución del juez y evaluará la posibilidad de interponer recursos legales para impugnarla. El fiscal general de la República, en una declaración emitida tras el fallo, reiteró su compromiso de continuar combatiendo la corrupción en el país y aseguró que se seguirán realizando investigaciones exhaustivas en todos los casos relacionados con presuntos actos ilícitos.
El papel de la Auditoría Superior de la Federación
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) desempeñó un papel fundamental en la investigación que condujo a la emisión de las órdenes de captura inicialmente. Esta institución tiene la responsabilidad de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales y detectar irregularidades en el manejo de los mismos.
En el caso de los presuntos desvíos de recursos de la Policía Federal, la ASF llevó a cabo una revisión exhaustiva de las cuentas y los movimientos financieros de la institución. Sus hallazgos fueron determinantes para que la FGR iniciara las investigaciones correspondientes y presentara las acusaciones contra los ex servidores públicos.