Tragedia con Drones en Guerrero: Un Muerto en Ataques Mortales
Una trágica y alarmante situación ha sacudido el municipio de Heliodoro Castillo, en el estado de Guerrero, donde una persona perdió la vida a causa de un ataque con drones que se prolongó durante casi todo un día. El director del Centro de Derechos de Víctimas de Violencia Minerva Bello, José Filiberto Velázquez Florencio, reveló este lamentable suceso que ha dejado a la comunidad de Nuevo Caracol sumida en el miedo y la incertidumbre.
El propio José Filiberto Velázquez Florencio, quien también es sacerdote, anunció en una conferencia de prensa la emisión de una caravana humanitaria que partirá hacia Nuevo Caracol el próximo martes. Velázquez Florencio expresó su preocupación por la falta de intervención por parte de los soldados presentes en la región, alegando que su responsabilidad se limita a la seguridad de la presa local, mientras la población se encuentra expuesta a estos ataques mortales.
La caravana humanitaria tiene como objetivo llevar alimentos y suministros básicos a la comunidad afectada. La situación en la zona se ha tornado crítica debido a las amenazas impuestas por el grupo criminal conocido como “La Familia Michoacana”, lo que ha impedido la llegada de camiones repartidores de alimentos y productos de primera necesidad.
La violencia en la región del río Balsas ha estado en aumento desde el pasado 8 de mayo, cuando se produjeron los primeros ataques que obligaron a cientos de personas a buscar refugio en la localidad de Tlacotepec. Pese a la adversidad, algunos habitantes regresaron a Nuevo Caracol el 19 de mayo, aunque sin ninguna protección. Las amenazas y ataques continuos han dejado a la comunidad en un estado de abandono y vulnerabilidad, a pesar de que su economía fue impulsada significativamente por la construcción de la presa El Caracol en 1986.
Las consecuencias de la violencia son devastadoras para la vida cotidiana en Nuevo Caracol. Los servicios médicos y educativos han sido suspendidos, agravando aún más la difícil situación de los habitantes. Los profesionales de la salud se niegan a brindar atención en la zona, y los maestros han optado por no dar clases debido a las circunstancias peligrosas. Esta realidad desgarradora ha dejado a la población en una situación de aislamiento y desamparo.
Según el informe emitido por el Centro de Derechos de Víctimas de Violencia Minerva Bello, los ataques con drones y armas de alto calibre se han vuelto recurrentes en la región. El 14 de agosto, se registró otro atentado que involucró drones y armas de grueso calibre que se extendió durante todo el día. El sábado, los drones volvieron a sobrevolar la comunidad y a lanzar bombas caseras, lo que finalmente resultó en la trágica muerte de una persona debido a las esquirlas de los artefactos explosivos.
El acceso a las comunicaciones en la zona es sumamente limitado, ya que no hay acceso a Internet ni servicio celular. Las dificultades de comunicación han impedido que los habitantes puedan solicitar ayuda de manera efectiva. Los ataques han llevado a los residentes a buscar refugio en las pocas estructuras de ladrillo y losa disponibles, ya que las viviendas construidas por la Comisión Federal de Electricidad tienen techos de lámina que ofrecen poca protección ante los ataques.
El activista José Filiberto Velázquez hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para que tomen medidas inmediatas y efectivas para proteger a la comunidad de Nuevo Caracol. El aumento de la violencia y los ataques recurrentes exigen una respuesta integral que aborde tanto los síntomas como las causas fundamentales del problema. Velázquez Florencio instó a implementar un plan de protección permanente que vaya más allá de respuestas esporádicas y que aborde los problemas subyacentes como el rezago, el desempleo, la precariedad en la vivienda y la falta de servicios básicos.
La tragedia en Nuevo Caracol es un recordatorio doloroso de la urgente necesidad de abordar la violencia en México de manera integral y eficaz. Las vidas de los habitantes están en juego, y es imperativo que las autoridades tomen medidas concretas para proteger a las comunidades vulnerables y garantizar un futuro seguro y pacífico para todos.