2024: El Presupuesto Histórico que Transformará México y el Futuro de sus Ciudadanos

La propuesta presupuestal para el año 2024 ha llegado a la Cámara de Diputados de México, y con ella, se vislumbra un nuevo capítulo en la estrategia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con un enfoque claro en el bienestar social y la inversión pública, esta propuesta destaca por su carácter expansivo y su compromiso con las políticas de la Cuarta Transformación.

En un anuncio histórico, se revela que el gasto público alcanzará la cifra de 9.02 billones de pesos, equivalente al 26.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) proyectado para ese año. Esta proporción marca un hito significativo, ya que en los años recientes, el gasto público había estado por debajo del 24 por ciento del PIB. Este aumento representa un claro compromiso del gobierno con el desarrollo social y económico del país.

Uno de los aspectos más destacados de este presupuesto es la asignación de recursos a áreas cruciales para el bienestar de la población. Se destinan 0.7 billones de pesos a pensiones, becas y subsidios, lo que equivale al 7.8 por ciento del gasto total. Este incremento del 40 por ciento en comparación con 2018 refleja el compromiso del gobierno con los sectores más vulnerables de la sociedad, garantizando un futuro más digno para los mexicanos.

El presidente López Obrador ha reafirmado su compromiso con el sentido social del presupuesto público, destacando que esta propuesta busca aprovechar los resultados positivos de cuatro años de control del gasto y sin endeudamiento neto adicional. En otras palabras, se busca mantener una política fiscal responsable mientras se impulsa la inversión en áreas cruciales para el desarrollo del país.

En cuanto a los ingresos, el gobierno proyecta captar 7.3 billones de pesos, equivalentes al 20.8 por ciento del PIB. De estos ingresos, 4.9 billones provendrán de fuentes tributarias, mientras que 2.4 billones serán ingresos no tributarios. Una de las características más notables es la reducción de la importancia de los ingresos petroleros, que representarán tan solo el 14.3 por ciento de los ingresos totales. Esta disminución refleja la voluntad del gobierno de diversificar las fuentes de ingresos y depender menos del petróleo.

Se espera que los ingresos tributarios registren incrementos, debido a la reducción de los subsidios para amortizar el Impuesto Especial de Producción y Servicios (IEPS), implementado para enfrentar el aumento de precios de la gasolina. Esta medida busca garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y reducir la dependencia de los ingresos petroleros.

Sin embargo, es importante destacar que los ingresos públicos, aunque en crecimiento, siguen siendo insuficientes para financiar un gasto público expansivo. La diferencia entre ingresos y gastos se traduce en un déficit proyectado de 1.7 billones de pesos, lo que representa el 5.4 por ciento del PIB. Esta situación ha generado un debate centrado en el tema de la deuda pública, ya que el déficit se cubrirá con deuda.

El presupuesto establece claramente que la deuda pública aumentará hasta representar el 48.8 por ciento del PIB a finales de 2024, lo que significa un incremento de 5.2 puntos porcentuales del PIB durante el sexenio. Esta decisión refleja la necesidad de adaptarse a las circunstancias económicas y sociales del país y, en particular, afrontar el desafío de garantizar el bienestar de la población.

El presidente López Obrador y su gobierno han mantenido una posición firme en cuanto a la responsabilidad fiscal, incluso durante la pandemia. El respeto a dos restricciones fundamentales, un déficit fiscal estrecho y un endeudamiento neto cero, fue crucial para mantener la estabilidad de las finanzas públicas mientras se priorizaba la inversión social.

No obstante, el aumento de la deuda pública conlleva un incremento en su costo, que se traduce en mayores recursos presupuestales destinados al pago de intereses. Según las proyecciones, en 2023 se destinarán 1.1 billones de pesos a este fin, y en 2024, la cifra aumentará a 1.3 billones. Esto significa que el pago de intereses equivaldrá al 3.4 por ciento del PIB y representará el 14 por ciento del presupuesto total en 2024.

A pesar de estas cifras, es importante contextualizar la situación de México en comparación con otros países. En 2010, Japón, por ejemplo, tenía una deuda pública que representaba el 184 por ciento de su PIB. Italia, Reino Unido y Estados Unidos también tenían proporciones significativas de deuda en relación con su PIB. Para 2022, países como Japón, Grecia, Italia y Bélgica mantenían elevados niveles de deuda pública en comparación con su PIB.

En este contexto, la proporción de deuda pública con respecto al PIB mexicano se considera manejable y se encuentra en un rango razonable. Además, lo fundamental no es solo la cantidad de deuda, sino cómo se utiliza. La ley establece que esta deuda debe destinarse a la inversión pública y no al gasto corriente. En este presupuesto, se asignan recursos para proyectos fundamentales como el Tren Maya, el interoceánico e incluso la culminación del interurbano México-Toluca. Sin embargo, el enfoque central sigue siendo la política social.

Los programas sociales emblemáticos, como la pensión para adultos mayores, Sembrando Vida, La Escuela es Nuestra y Jóvenes Construyendo el Futuro, representan inversiones sociales significativas. Estas inversiones generan demanda en la economía, lo que se traduce en un impulso para el crecimiento y desarrollo del país.

A pesar de la pertinencia de estas políticas, se plantea una pregunta crucial: ¿cómo se administrará una deuda que equivale a casi la mitad del PIB en la siguiente administración? ¿Se seguirá insistiendo en que el déficit fiscal se resuelve únicamente con austeridad y la lucha contra la corrupción? O, finalmente, ¿se reconocerá la necesidad de llevar a cabo una reforma fiscal progresiva para financiar este déficit y evitar la acumulación de déficits adicionales en los años siguientes?

El gobierno de México, encabezado por el presidente López Obrador, ha enfrentado un desafío importante al proponer un presupuesto expansivo para 2024. La combinación de un mayor gasto público con un déficit financiado a través de la deuda pública ha generado un debate acalorado en el país. Sin embargo, es fundamental analizar el contexto y las razones detrás de estas decisiones presupuestarias.

El incremento en el gasto público es una señal clara de la prioridad que el gobierno otorga al bienestar social y al desarrollo económico. Durante su mandato, el presidente López Obrador ha buscado reducir la brecha de desigualdad en México y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La asignación de recursos a pensiones, becas y subsidios refleja su compromiso con los sectores más vulnerables de la población, garantizando que nadie quede atrás.

Es importante destacar que este enfoque en el gasto social no es un capricho, sino una respuesta a las necesidades apremiantes de México. Durante años, el país ha enfrentado desafíos significativos en términos de pobreza, desigualdad y falta de oportunidades para los jóvenes. Los programas sociales implementados por el gobierno buscan abordar estas problemáticas y brindar un futuro más promisorio para los mexicanos.

No obstante, el aumento en el gasto público ha llevado a un déficit en las finanzas públicas. Este déficit se financia mediante la deuda pública, lo que ha suscitado preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal a largo plazo. La proporción de la deuda con respecto al PIB se elevará al 48.8 por ciento a finales de 2024, un incremento de 5.2 puntos porcentuales durante el sexenio.

El gobierno ha tomado esta medida debido a la necesidad de garantizar la continuidad de las políticas de bienestar social y de inversión en proyectos clave para el desarrollo del país. Es crucial comprender que la deuda pública no es necesariamente negativa cuando se utiliza de manera estratégica para impulsar la inversión y el crecimiento económico. La clave está en cómo se administra y en qué se invierten los recursos.

En este sentido, el presupuesto para 2024 asigna fondos para proyectos de infraestructura de gran envergadura, como el Tren Maya y el interoceánico. Estas obras no solo tienen el potencial de generar empleos y fomentar el desarrollo regional, sino que también pueden mejorar la conectividad y la competitividad del país en el ámbito internacional.

Sin embargo, el centro de atención sigue siendo la política social. Los programas como la pensión para adultos mayores, Sembrando Vida, La Escuela es Nuestra y Jóvenes Construyendo el Futuro tienen un impacto directo en la calidad de vida de millones de mexicanos. La inversión en educación, salud y apoyo a los sectores más vulnerables contribuye a construir una sociedad más justa y equitativa.

A pesar de estos esfuerzos, queda una pregunta importante: ¿cuál será la estrategia para administrar una deuda que representa casi la mitad del PIB en la siguiente administración? El gobierno ha mantenido su compromiso con la austeridad y la lucha contra la corrupción como pilares fundamentales de su política fiscal. Sin embargo, es necesario considerar otras medidas para garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo.

Una de esas medidas podría ser una reforma fiscal progresiva que aumente los ingresos tributarios de manera equitativa y justa. Esto podría implicar una revisión de las tasas impositivas y la búsqueda de formas de aumentar la recaudación sin imponer una carga excesiva a la población. Una reforma fiscal bien diseñada podría proporcionar los recursos necesarios para financiar el gasto social sin depender en gran medida de la deuda pública.

Es importante destacar que la discusión en torno al presupuesto para 2024 refleja el compromiso del gobierno de México con el bienestar de su población y el desarrollo del país. Las decisiones presupuestarias son complejas y deben equilibrar diversas necesidades y prioridades. A medida que se avance hacia la implementación de este presupuesto, es esencial un diálogo constructivo y una evaluación continua de su impacto en la sociedad y la economía.

El presidente López Obrador ha dejado claro que su administración está dispuesta a enfrentar los desafíos financieros para lograr un México más justo y próspero. El presupuesto para 2024 es un paso importante en esa dirección, y el país estará atento a cómo se gestionará la deuda y se buscarán soluciones a largo plazo para garantizar la estabilidad económica y el bienestar de todos los mexicanos.